Tras la aprobación de la reforma de pensiones por parte del Congreso, los senadores José García Ruminot, Juan Antonio Coloma y Luciano Cruz Coke resaltaron la importancia del acuerdo político-técnico que permitió avanzar en la iniciativa. Aseguraron que ahora su objetivo es garantizar su correcta implementación.
El presidente del Senado, José García Ruminot, destacó la urgencia de la reforma, señalando que durante los últimos 10 años se había discutido la necesidad de aumentar la cotización del sistema previsional, pues el 10% actual resulta insuficiente.
En ese sentido, García Ruminot agregó que “era indispensable ponernos de acuerdo para mejorar las pensiones actuales y futuras”.
Además, recalcó que la correcta implementación de la reforma y la reactivación de la economía son fundamentales para que los trabajadores y las pymes puedan beneficiarse de este cambio.
Por su parte, Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, destacó que la reforma busca aumentar las pensiones, especialmente en un país con altas tasas de longevidad.
También resaltó los avances en la capitalización individual, la eliminación de las diferencias de género en las pensiones, el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la modernización del sistema de administradoras, lo que permitirá reducir las comisiones y aumentar la rentabilidad.
Finalmente, Luciano Cruz Coke señaló que el aumento de la cotización individual del 10% al 16% y la mejora de la PGU son logros esenciales. Enfatizó que este acuerdo fue alcanzado con responsabilidad fiscal y con el objetivo de mejorar las pensiones sin que haya triunfos ni derrotas para ningún sector.
Igualmente, aseguró que se han acogido todas las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), garantizando así un enfoque equilibrado y fiscalmente responsable.
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La reforma previsional despachada propone la creación de un Seguro Social que entregará dos prestaciones, el Beneficio por Año Cotizado y la Compensación a Mujeres por las mayores expectativas de vida.
También considera una nueva cotización de cargo del empleador de 7% de la renta imponible, cuya aplicación será gradual. Esta se sumará al 1,5% que ya aportan los empresarios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), con lo que los empleadores totalizarán una cotización de 8,5% en beneficio del trabajador.
Ese total se distribuirá en 4,5% para capitalización individual, con el objetivo de fortalecer las pensiones futuras. El 4% restante será administrado por el Seguro Social y tendrá la siguiente composición: con 2,5% se cubrirá las contingencias del SIS —invalidez y sobrevivencia— y la Compensación a Mujeres por mayores expectativas de vida. Con la diferencia de 1,5% se financiará el Beneficio por Año Cotizado, instrumento que mejorará las pensiones actuales y que será transitorio.
En cuanto a las características de los beneficios, la Compensación a Mujeres por la mayor sobrevida resultará en que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con la misma edad, mismo saldo, y grupo familiar obtengan la misma pensión, con un valor mínimo de 0,25 UF (aproximadamente $10.000 mensuales) para compensar esa diferencia.
Al Beneficio por Año Cotizado accederán las mujeres con al menos 10 años cotizados, umbral que permanecerá durante la primera década de vigencia de la prestación. Luego, ese requisito de acceso aumentará a 15 años cotizados. En el caso de los hombres, se beneficiarán aquellos con un mínimo de 20 años cotizados.
El alza de la nueva cotización de 7%, para alcanzar un 8,5%, se implementará con una gradualidad de 9 años. Esto podría extenderse en dos años en la medida que una evaluación externa sobre la Ley de Cumplimiento Tributario, que se efectuará al tercer año, dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado, conforme a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo.
La reforma, además, considera un aumento de la PGU a $250.000. La implementación será gradual. A seis meses de publicada la ley, el nuevo monto lo recibirán los beneficiarios de PGU de 82 años o más; a los 18 meses de publicada la ley, lo recibirán los beneficiarios de 75 años o más; a los 30 meses de publicada la ley, el nuevo monto llegará a las personas de 65 años o más. Con igual gradualidad y cortes etarios accederán los beneficiarios de leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados).
Por otro lado, la iniciativa incluye cambios regulatorios a la industria previsional, que derivarán en más transparencia y competencia, con menores costos para las personas. Por ejemplo, se establece la licitación del stock de afiliados, proceso que se efectuará cada dos años y en los cuales se licitará, aleatoriamente, al 10% de los afiliados actuales. El proceso será adjudicado al oferente con la menor comisión, la que deberá mantener por cinco años. Los afiliados podrán desistir o cambiarse de inversor en cualquier momento.
Las AFP tendrán la posibilidad de subcontratar las funciones de soporte, entre los cuales podrá actuar el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, deberán reportar separadamente las funciones de soporte y administración de cuentas.
El texto legal considera diversas medidas para incrementar la densidad de cotizaciones, como por ejemplo, la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales, el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales, modelo que busca maximizar la rentabilidad y acotar riesgos, entre otros. También se dispone un sistema de cobranza previsional centralizado, que permitirá una recuperación más eficiente de las cotizaciones impagas. Dicho sistema se licitará y podrá participar la Tesorería General de la República.
