Con 123 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), adaptándolo a los desafíos actuales en materia de seguridad, crimen organizado y protección de la soberanía nacional. La propuesta, que se encontraba en tramitación desde 2018, quedó lista para su tercer trámite en el Senado.
El proyecto busca fortalecer la estructura, funciones y control del sistema de inteligencia chileno, con énfasis en la prevención de amenazas internas y externas, garantizando a su vez el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía.
Entre sus principales componentes se establece la creación del Comité de Inteligencia de Estado como órgano estratégico, así como un Consejo Interministerial consultivo permanente. Además, se refuerza el control judicial para operaciones con fuentes cerradas, se regulan los procedimientos de clasificación de información y se amplía el catálogo de delitos por uso indebido de las herramientas de inteligencia.
En cuanto a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), se transforma en la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, dotándola de nuevas capacidades operativas y creando una Escuela de Inteligencia especializada en formación técnica.
Uno de los puntos más debatidos fue la creación de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, un organismo autónomo que habría concentrado funciones de análisis, coordinación y propuesta de reformas. Esta propuesta fue rechazada por 103 votos en contra, lo que implicó también descartar el Centro de Fusión de Inteligencia de Estado, organismo encargado de consolidar la información proveniente de distintos servicios.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respaldó la iniciativa en nombre del Ejecutivo, mientras que diversos parlamentarios destacaron la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de inteligencia frente a amenazas crecientes como el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Finalmente, se aprobó el aumento de dotación de la ANI, pasando progresivamente a 355 funcionarios en los próximos cuatro años, lo que permitirá implementar parte de las nuevas atribuciones sin necesidad de la Secretaría Ejecutiva rechazada.
