El diputado por Tarapacá, Matías Ramírez (PC), valoró que la Contraloría General de la República (CGR) instruyera un sumario administrativo al alcalde de Pica, Iván Infante, para esclarecer su responsabilidad en la contratación de un funcionario municipal que contrajo matrimonio con su hija, pese a la existencia de una inhabilidad por el parentesco familiar del jefe comunal con su yerno.
El requerimiento fue ingresado por el propio congresista el 9 de abril de 2024 y detalla que existe un certificado, emitido el 28 de marzo de 2023, el cual da cuenta del matrimonio entre el funcionario Elio Trabucco Gómez e Ivannia Infante, hija del edil, el 18 de diciembre de 2022 en Estados Unidos.
El parlamentario argumentó en el oficio que esta situación es una contravención a la Ley 18.575 que prohíbe acceder a cargos en la administración del Estado a personas con relación de parentesco con autoridades del organismo.
En tanto, la Contraloría estableció que Elio Trabucco “es pariente” del jefe comunal “en primer grado de afinidad”, ya que contrajo matrimonio con la hija del alcalde de Pica en la cual se desempeña actualmente. Por este motivo, “se encuentra afectado por la inhabilidad”, conforme a lo establecido en la Ley 18.575.
De hecho, la entidad fiscalizadora enfatizó que el funcionario “debió presentar su renuncia al cargo o función” dentro de los diez días siguientes a la configuración de la inhabilidad que le afecta, es decir, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, pero esto “no ocurrió”.
Además, la CGR instruyó al municipio “el cese de la contratación” del funcionario y el reintegro de la remuneración “que se le ha pagado indebidamente”, informando a la Contraloría Regional de Tarapacá dentro del plazo de 15 días hábiles.
“La Contraloría en este punto ha determinado primero que es improcedente su contratación dado que se encuentra casado legalmente con la hija del alcalde Iván Infante pese a que se casaron en el extranjero para evitar, en este caso, el control de los organismos internos del Estado chileno. Y en segundo lugar, ha ordenado la realización de un sumario administrativo que determine las responsabilidades al interior del municipio”, comentó el congresista a Radio Paulina.
Ante la gravedad de esta situación, el parlamentario anunció que presentará una denuncia penal por “un eventual fraude al fisco cometido por los involucrados” que, según el diputado, eran conscientes de las inhabilidades existentes.
“Atendida la gravedad de estas circunstancias, hemos decidido presentar una denuncia penal para investigar un eventual fraude al fisco cometido por los involucrados en consideración a que estaban en pleno conocimiento de las inhabilidades que existían y, en este caso, de todas formas, recibieron los pagos hasta el día de hoy”, agregó Ramírez.
