Militantes activos y exmiembros de la mesa provisoria del Partido Nacional Libertario (PNL) en la Región de Tarapacá enviaron una carta a la directiva nacional de la colectividad en la que manifiestan su “profunda preocupación” por el rumbo que ha tomado la colectividad en la región bajo el liderazgo de su actual coordinador regional, Cristián Rivera.
El documento, al que tuvo acceso en exclusiva Radio Paulina, se encuentra respaldado con capturas, registros y referencias en video, denuncia una serie de prácticas que consideran alejadas de los principios fundacionales del partido, y que —a su juicio— ponen en serio riesgo su credibilidad local y nacional.
La crítica también apunta al uso de su restaurante, “La Picada del Pescador”, ubicado en la ciudad de Iquique, como centro de reuniones, donde según los denunciantes se instaló un círculo de cercanos que operaría como “núcleo duro” del partido.
Afirman que no existe planificación, ni equipos de trabajo, ni un plan de acción para articular al PNL en la región. Las reuniones, indican, se han transformado en espacios dominados por el relato personal del coordinador, sin espacio para la deliberación.
Una gestión cuestionada desde sus inicios
De acuerdo con el documento, las reuniones iniciales del PNL en la región comenzaron con entusiasmo y participación, pero pronto derivaron en encuentros estériles, sin avances concretos ni acciones políticas relevantes.
Las acusaciones apuntan a que Rivera concentró todas las decisiones, moderando reuniones, seleccionando oradores, censurando opiniones disidentes e incluso vetando el ingreso de militantes críticos.
Incluso acusan a Rivera de manipular la comunicación con la directiva nacional, monopolizando la información que se comparte con la militancia y negando la participación en reuniones online. Los comunicados oficiales, dicen, se difunden por WhatsApp sin firma ni respaldo institucional.
Cuestionamientos a la inscripción de militantes y vínculos con inmigración
Uno de los hechos más graves detallados en la carta es la presunta participación de la pareja del coordinador regional, Sarait Vera, en procesos de regularización de migrantes venezolanos, la mayoría de ellos en condición migratoria irregular.
Según relatan los firmantes, esta persona habría trabajado anteriormente en el sistema migratorio del régimen de Nicolás Maduro, conocido como SAIME, y hoy estaría vinculada en Chile a la tramitación de visas y documentación para ciudadanos extranjeros.
Esta situación, advierten, representa un conflicto ético y político inaceptable, especialmente en una región como Tarapacá, fuertemente golpeada por el ingreso irregular y la presión migratoria.
En ese contexto, los firmantes advierten que la situación también se refleja en el proceso de inscripción de militantes. El propio Servicio Electoral (Servel) rechazó a 40 extranjeros inscritos en el PNL por contar con RUT provisorio, lo cual no está permitido por ley. Si bien los ciudadanos extranjeros con RUT definitivo fueron validados legalmente, los denunciantes plantean dudas razonables.
“Si 40 fueron rechazados, cabe preguntarse cuántos sí lograron inscribirse gracias a los vínculos que mantiene el coordinador regional con comunidades migrantes. Es un tema del que comentaremos más adelante”, señala el documento.
Los firmantes expresan preocupación por la creciente incorporación de personas migrantes como posibles adherentes sin una revisión rigurosa, destacando que en los grupos del partido circulan ciudadanos con antecedentes penales en sus países de origen o con publicaciones abiertamente violentas en redes sociales.
Censura, amenazas y control del WhatsApp
Los militantes acusan además una conducción autoritaria y personalista de Rivera, quien —según detallan— ha monopolizado las decisiones, censurado el debate interno, moderado reuniones de manera restrictiva y eliminado comentarios críticos en los grupos de comunicación.
Acusan también que ha impedido actividades claves por razones poco justificadas. Por ejemplo, cuando se intentó organizar una reunión en Alto Hospicio —la segunda comuna más grande de la región, con más de 100 mil habitantes—, Rivera canceló la actividad a último momento alegando que no conocía el salón reservado, lo que, según los militantes, revela su incapacidad para delegar y una conducción centralizada que supedita todo a su disponibilidad personal, perdiendo valiosas oportunidades para expandir el partido y generar vínculos territoriales.
Otro de los elementos cuestionados es la difusión de información falsa sobre la situación legal del partido en la región. Rivera habría asegurado públicamente que el PNL ya estaba constituido en Tarapacá al contar con más de mil inscritos, lo que fue desmentido oficialmente: al cierre de marzo de 2024, el partido solo registraba 520 firmas válidas, muy por debajo del umbral requerido.
También acusan ausencia de planificación y falta total de estructura organizativa. Según la carta, no existe una hoja de ruta regional, las reuniones carecen de contenido político, y no se ha establecido ninguna línea estratégica ni vocería oficial.
“Hoy el partido en Tarapacá se reduce a un grupo de WhatsApp donde prima la censura, y a decisiones unilaterales sin consulta ni deliberación”, lamentan.
Acusaciones por incumplimientos laborales y comerciales
También acusan a Rivera de utilizar el partido como plataforma para favorecer a su entorno más cercano, incluyendo a su pareja y a personas contratadas en sus empresas, muchas de ellas extranjeras y en situación precaria.
El documento cita, además, videos disponibles en redes sociales donde Rivera enfrenta acusaciones por parte de exempleados respecto a incumplimientos laborales, prácticas abusivas y maltratos, lo que —según los militantes— afecta directamente la imagen pública del PNL en la región.
Además, aseguran que el 100% del personal del local “La Picada del Pescador”, administrado por Rivera, es de nacionalidad venezolana, y que varios trabajadores habrían sido remunerados con alojamiento.
Llamado a intervención nacional
“Queremos un partido libertario que no tema a la transparencia ni al debate. Lo que está ocurriendo en Tarapacá no es menor. Se están utilizando símbolos e ideales libertarios para construir poder personal, cercenando la democracia interna y permitiendo situaciones graves que pueden escalar en crisis reputacional”, advierten.
Finalmente, el grupo solicita a la directiva nacional que intervenga de manera urgente, revise los antecedentes enviados y tome medidas concretas para corregir el rumbo de la organización en la región.
“La ciudadanía espera coherencia. No podemos denunciar al Estado por malas prácticas si dentro de nuestras filas se permite lo mismo o peor”, concluye el escrito.
Revisa la carta completa acá.
