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Tribunal de Iquique fija audiencia de lectura de veredicto contra la cúpula del Tren de Aragua en Chile

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique fijó la audiencia de lectura de veredicto del juicio contra los principales líderes del Tren de Aragua identificados en Chile, acusados por diversos delitos asociados al crimen organizado.

Tras concluir los alegatos de clausura, el tribunal informó a los intervinientes que el veredicto será dado a conocer el viernes 6 de junio a partir de las 9:00 horas.

El juicio involucra a 12 ciudadanos venezolanos, entre ellos Carlos González Vaca, alias “Estrella” —identificado como líder de la célula en Chile—; y Hernán Landaeta Garlotti, alias “Satanás”, uno de los principales sicarios del grupo. 

La Fiscalía, a través de su Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, presentó acusaciones en relación con 11 hechos ocurridos desde el año 2021, incluyendo homicidios, secuestros extorsivos, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, la organización tomó el control de la frontera de la región de Tarapacá, utilizando como base actividades ilícitas como el tráfico de migrantes y de ketamina. 

Para mantener su dominio territorial, el grupo cobraba “vacunas” a quienes operaban en la zona y recurría a la intimidación y la violencia para asegurar el cumplimiento de sus reglas. González Vaca reportaba directamente a Héctor “Niño” Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua en Venezuela, entonces recluido en la cárcel de Tocorón.

Durante las audiencias, realizadas en modalidad telemática, la Fiscalía presentó 224 testigos reservados, 38 peritos y más de 1.000 medios de prueba documentales y digitales, como grabaciones, mensajes, fotografías, cuadernos de contabilidad e informes migratorios.

Para el líder de la organización en Chile, la Fiscalía solicita dos penas de presidio perpetuo calificado, una de reclusión perpetua simple y 125 años adicionales por los distintos delitos. Otros siete acusados enfrentan penas similares, y ninguno de los imputados arriesga condenas inferiores a 30 años de presidio.

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