Una comisión asesora de diez expertos entregó hoy al Presidente Gabriel Boric un informe final con una serie de propuestas clave para modernizar la medición de la pobreza en Chile. Tras un año y medio de trabajo, el objetivo es mejorar la efectividad de las políticas públicas y soluciones destinadas a combatir este flagelo.
La comisión, presidida por el economista Osvaldo Larrañaga, planteó la necesidad de actualizar la línea de la pobreza por ingresos con “criterios realistas y exigentes”, y de modernizar el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Entre los nuevos elementos sugeridos para el IPM se incluyen indicadores como salud infantil, inseguridad alimentaria, calidad educativa, conectividad digital, cuidados no remunerados, déficit habitacional y accesibilidad de la vivienda.
Una de las propuestas más significativas es la creación de una “canasta saludable” de alimentos para la medición de la pobreza monetaria, la cual se basaría en las guías alimentarias del Ministerio de Salud, superando el actual conteo de 2.000 calorías diarias.
Además, la comisión recomendó no considerar la renta imputada en el ingreso ni en la línea de la pobreza, sugiriendo en su lugar dos líneas de pobreza: una para hogares que pagan arriendo y otra para los que no. Para el cálculo de la línea de la pobreza, se propuso utilizar como base la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares 2016-2017, ajustada por inflación, en lugar de la encuesta N°9 de 2021-2022.
En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional, la comisión sugirió aumentar el número de indicadores a veinte y equiparar el peso de las cinco dimensiones (educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social, redes y cohesión social) a un 20% cada una.
Otras recomendaciones incluyen la creación de un “tablero de métricas de pobreza” para complementar las medidas principales, la incorporación de una medida de pobreza severa para hogares que experimentan tanto pobreza monetaria como multidimensional, y una medida de vulnerabilidad a la pobreza. También se planteó complementar las encuestas existentes con registros administrativos e información georreferenciada.
Es importante destacar que estas propuestas tienen carácter consultivo y no son vinculantes. Ahora corresponderá a las organizaciones estatales pertinentes analizar y definir los próximos pasos a seguir para su eventual implementación.
