La Sala del Senado despachó a tercer trámite constitucional el proyecto conocido como “Escuelas Protegidas”, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y resguardo para las comunidades educativas.
La propuesta volverá ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados para revisar las modificaciones incorporadas durante su tramitación en el Senado.
Entre los principales puntos aprobados, el proyecto permite que los establecimientos educacionales incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales de estudiantes para evitar el ingreso de elementos peligrosos o armas.
Según el texto aprobado, las revisiones deberán realizarse evitando contacto físico y exposición innecesaria de los estudiantes. Además, se prohíbe expresamente la revisión corporal o exigir que un estudiante se desnude.
En caso de hallarse elementos potencialmente peligrosos, el establecimiento deberá informar de inmediato a los apoderados y a las policías.
Si el estudiante se niega a la revisión, el reglamento contempla la participación de padres o apoderados y, eventualmente, la intervención de Carabineros o la PDI.
El proyecto también faculta a los establecimientos para restringir el uso de vestimentas o accesorios que dificulten la identificación facial, aunque establece excepciones por motivos de salud, religión, identidad de género o condiciones climáticas.
Debate y reservas de constitucionalidad
La discusión generó diferencias entre parlamentarios respecto al rol de las policías, los derechos de los estudiantes y el impacto que podría tener la medida en las comunidades educativas.
La senadora Beatriz Sánchez realizó reserva de constitucionalidad, argumentando que algunas disposiciones podrían vulnerar el derecho a la vida privada y la Convención sobre los Derechos del Niño.
A esta postura se sumaron las senadoras Yasna Provoste y Claudia Pascual.
Durante el debate, algunos legisladores defendieron la necesidad de reforzar la seguridad escolar y proteger a estudiantes y docentes frente a hechos de violencia.
Otros, en cambio, cuestionaron que las medidas puedan generar ambientes de desconfianza o criminalización dentro de las escuelas.