La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario administrativo en el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá tras detectar irregularidades en el uso de sus redes institucionales con el fin de potenciar “la imagen y nombre” del gobernador José Miguel Carvajal en el periodo de elecciones 2024.
A solo meses de su reelección como gobernador regional de Tarapacá, una auditoría de la CGR evidenció más de 20 observaciones al GORE bajo la administración del actual gobernador regional.
El Informe Final N°953-2024 consta de 81 páginas y fue elaborado en base a un análisis del ente fiscalizador entre los meses de enero y septiembre de 2024, previo a las elecciones regionales de 2024 y en plena campaña política de la autoridad.
En primer lugar, la Contraloría estableció la inexistencia de auditorías en 2023 y 2024 por parte de la Unidad de Auditoría Interna del GORE Tarapacá, salvo las revisiones sobre transparencia activa.
De hecho en 2024, “no se realizó fiscalización asociada al cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Contraloría General en el oficio N° E471612, de 2024, con relación al proceso eleccionario ya acontecido”.
Mal uso de redes sociales institucionales del GORE
Tras la revisión de las publicaciones en las redes sociales del GORE de Tarapacá y de su Consejo Regional (CORE), como así también de las redes sociales personales del gobernador José Miguel Carvajal, entre abril y diciembre de 2024, la Contraloría advirtió diversas irregularidades en el uso de estas plataformas digitales.
En detalle, la CGR estableció que el GORE incluyó en sus cuentas institucionales de “X” e Instagram, vínculos o enlaces a la cuenta personal de Carvajal, además de difundir publicaciones que incluían en forma reiterada la imagen y el nombre del gobernador regional.
Según la entidad fiscalizadora, esto implicó “la utilización de ese bien público para difundir o potenciar su red personal en tiempo de elecciones de gobernadores/as regionales, como así también su imagen y nombre, lo que resulta ajeno a las funciones propias de esa entidad pública”.
“No corresponde que en los sitios electrónicos y redes sociales institucionales se incluyan vínculos o enlaces a las cuentas personales de las autoridades o funcionarios, pues ello implica utilizar aquellos bienes públicos para difundir o potenciar aquellas vías personales de comunicación de dichos personeros, cuestión que, por cierto, resulta ajena a las funciones propias de la institución pública respectiva”, detalló la CGR en su dictamen.
En el informe se agrega que el 15 de octubre 2024, la Contraloría Regional solicitó al GORE eliminar de sus redes sociales los vínculos con la cuenta personal del gobernador Carvajal, situación que se evidenció por el equipo de fiscalización que fue eliminada al día siguiente de dicha notificación.
En respuesta a los hechos observados, el GORE argumentó que los vínculos, menciones (@) y publicaciones compartidas en las cuentas institucionales en redes sociales fueron realizadas para “dar mayor seguridad a la ciudadanía”.
Respecto de las observaciones en la utilización de redes sociales, la Contraloría Regional instruyó un sumario administrativo en el Gobierno Regional para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de o los funcionarios que debieron velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
Lo anterior, sin perjuicio que el GORE deberá implementar “las medidas de control necesarias para que (…) el uso de las redes sociales institucionales se ajuste estrictamente a lo establecido en la jurisprudencia administrativa”.
Asimismo, la CGR enfatizó que “corresponde que el Gobierno y Consejo Regional de Tarapacá se abstengan de incorporar el nombre o la imagen de la autoridad comunal como una práctica reiterada asociada a la difusión de las actividades que realizan, toda vez que es el organismo regional, como institución, quien presta los servicios que se anuncian en cumplimiento de sus funciones y no las autoridades en forma independiente”.
Propaganda política en oficina del Gobierno Regional
La entidad fiscalizadora advirtió que José Miguel Carvajal, en sus redes sociales personales de Instagram y “X”, siendo candidato a la reelección de gobernador, publicó un mensaje alusivo a su campaña adjuntando un vídeo en el cual se aprecia dirigiéndose a la comunidad desde la oficina del Gobierno Regional de Tarapacá, incumpliendo lo establecido en el dictamen N° E545210 de 2024.
“Gracias a Uds., por la confianza, y anhelar un mejor futuro, estas palabras son el combustible necesario para que nuevamente Gane Tarapacá. ¡Vota O-3!”, indica el mensaje publicado por Carvajal el 27 de septiembre de 2024 junto a un video en el que entrega un mensaje a la comunidad desde la oficina del GORE.
En el registro se aprecia que diferentes personas como el rector de la UNAP, Alberto Martínez, y los alcalde de las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Camiña y Pozo Almonte le entregan su agradecimiento al candidato por las distintas acciones llevadas a cabo en la región durante su gestión.
Al respecto, la CGR indicó que los servidores públicos “están impedidos de realizar, en el ejercicio de sus cargos o labores, dentro de las dependencias estatales o utilizando bienes institucionales, cualquier actividad de carácter político (…) hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas”, además de “valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar candidaturas” como la de José Miguel Carvajal.
En tanto, el GORE respondió a la entidad fiscalizadora que “no se utilizó las dependencias del Gobierno Regional de Tarapacá para realizar proselitismo, propaganda o una actividad de carácter político”, debido a que las grabaciones realizadas desde su oficina no se aprecia ningún elemento que permita vincular a la campaña de Carvajal.
Sobre la participación de las autoridades de la región en las publicaciones, indicaron que “se ajusta a las instrucciones de Contraloría, toda vez que las grabaciones se realizaron en los periodos en que ejerció su cargo como Gobernador Regional y no como candidato”.
Sin embargo, la CGR estableció que la respuesta del GORE “no permite desvirtuar la situación representada, toda vez que la autoridad en su calidad de postulante, y en época electoral, publicó un registro audiovisual donde aparece utilizando instalaciones del GORE de Tarapacá para promover su candidatura, motivo por el cual, se mantiene la observación”.
De hecho la entidad instruyó “implementar las medidas de control que correspondan con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la jurisprudencia” sobre la prohibición de uso de bienes, vehículos y recursos físicos y financieros en actividades políticas.
Gastos improcedentes por más de $7 millones
La CGR también advirtió gastos improcedentes en la contratación de servicios a honorarios para realizar labores en la Unidad de Auditoría Interna, debido a que fueron imputados en el subtítulo 22 “Bienes y Servicio de Consumo”, por la suma de $7.781.253, en circunstancia que no correspondían a gastos imputables a dicho subtítulo presupuestario, ya que este comprende los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las instituciones públicas.
En tanto, la Contraloría instruyó al GORE “dar cabal cumplimiento a la normativa del Clasificador Presupuestario y al principio de exposición, efectuando las imputaciones de gastos e ingresos en los ítems que corresponda, lo que deberá ser monitoreado por la Unidad de Auditoría Interna”.
Declaración del Gobierno Regional de Tarapacá
Tras conocerse la auditoria de la entidad fiscalizadora, el GORE destacó “el rol de fiscalización de la Contraloría General de la República, por lo que colaboraremos en las instancias que correspondan, con la finalidad de aclarar lo expuesto en el Informe Final del ente contralor”.
Respecto a la observación que hace alusión a la contratación de dos funcionarios a honorarios, el GORE indicó que “no se condice con lo señalado en el informe, que tiene como título ‘error de imputación’, por lo tanto, no se trata de un gasto improcedente, sino más bien de un gasto mal imputado”.
Sobre el mal uso de las redes sociales institucionales, aclararon que “esta observación ya fue corregida por el Gobierno Regional a partir de octubre de 2024 y apunta al uso de arrobas de personas naturales”.
“Es fundamental señalar que el informe detalla aspectos administrativos que se deben subsanar, respecto al funcionamiento de este servicio”, agregaron en un comunicado.
