En la jornada del domingo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, confirmó el cambio de estatus del Penal de Punta Peuco, anunciado por el presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública.
Recordemos que la medida busca poner fin al trato diferenciado a condenados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura cívico militar y marcaría un hito en la política penitenciaria del país.
Sobre esta medida, el ministro Gajardo fue enfático en señalar que “no existe razón para que tengamos un establecimiento penal exclusivamente para personas que violaron los Derechos Humanos”.
Según la autoridad de Gobierno, el penal especial “no tiene justificación y está al margen de lo que debiéramos hacer en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales”.
En este sentido, el secretario de Estado agregó que más allá del componente ético y simbólico, también existen argumentos prácticos, ya que “un penal exclusivo para este tipo de reos limita la capacidad de Gendarmería para gestionar de forma eficiente el sistema penitenciario”.
Consultado sobre el destino de los reclusos actualmente internos en Punta Peuco, el ministro Gajardo aclaró que se realizará una evaluación individual para determinar su traslado a penales comunes.
“El objetivo es claro: no más cárceles especiales para violadores de Derechos Humanos”, comentó.
Asimismo, Gajardo recordó que los argumentos utilizados ahora por el Gobierno son similares a los esgrimidos por el expresidente Sebastián Piñera en 2013, cuando decidió clausurar el Penal Cordillera.
También detalló que hay tres ejes que justifican la medida: en primer lugar, el penal afecta el principio de igualdad ante la ley, dificulta una administración eficiente de los recintos penitenciarios y representa un riesgo para la seguridad del sistema carcelario.
